La Constitución de Chile
Para entender el presente de Chile, primero hay que conocer su pasado.
En 1970, Salvador Allende, un político socialista, fue elegido Presidente de Chile. Por primera vez en la historia de Chile y del mundo occidental, un político marxista fue elegido democráticamente Presidente de una República. Quería dedicar su presidencia a la instauración de un Chile socialista. Consiguió nacionalizar la Gran Minería del Cobre en 1971 gracias a la aprobación de la ley por el Congreso. También estableció muchos vínculos con la Unión Soviética (URSS) y Cuba, ambos regímenes comunistas.
En 1972, una gran crisis económica golpeó al país. Esta crisis provocó un aumento de la inflación y el estancamiento de la producción. La clase media chilena y los grandes y medianos empresarios se declararon en huelga. En las elecciones legislativas de 1973, la Confederación para la Democracia, una alianza entre el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Nacional, intentó sustituir al presidente, pero no obtuvo los votos necesarios para hacerlo.
El 11 de septiembre de 1973, un golpe de Estado dirigido por las fuerzas armadas y el general Augusto Pinochet barrió la democracia y el gobierno del presidente socialista Salvador Allende. El Palacio de la Moneda fue bombardeado por la fuerza aérea y el ejército. Allende acabó suicidándose, pero antes de hacerlo dio un discurso por la radio, que sólo unos pocos pudieron transmitir, ya que Pinochet había saboteado todos los medios de comunicación.
El golpe de Estado se produjo gracias a la ayuda que Augusto Pinochet recibió de Estados Unidos. De hecho, en aquella época, el enemigo número uno de Estados Unidos era el comunismo (guerra fría entre Estados Unidos y la URSS). Pinochet puso así fin a casi 5 décadas de democracia y también a la Constitución democrática de 1925. Creó una nueva, con ideologías neoliberales, que se implantó en 1980, mediante un referéndum fraudulento, en un momento de gran opresión. En 1982 estalló una crisis, especialmente en América Latina: la "crisis de la deuda latinoamericana", y Chile se vio muy afectado. Se crearon fracturas en el sistema financiero y bancario. Además, el desempleo aumentó considerablemente. Las clases medias y bajas, las más afectadas por la crisis económica, protestaron contra la forma en que la junta militar y Pinochet habían gestionado la crisis. A partir de entonces, se produjeron numerosas manifestaciones hasta 1988. Los comandantes de las fuerzas armadas y el general director de los Carabineros (la policía nacional) convocaron un plebiscito (un referéndum en el que las autoridades públicas se someten a una votación popular directa para aprobar o rechazar una determinada propuesta sobre un tema político o legal, según la RAE) para sustituir a Pinochet como presidente. Pinochet fue derrotado y dejó el poder en 1990. Posteriormente, las primeras elecciones democráticas tras el golpe de Estado de 1973 se celebraron en 1989. Patricio Aylwin, de centro-izquierda, salió vencedor. Desde entonces, el ejecutivo ha estado dominado por cuatro gobiernos de centro-izquierda hasta 2010. Sebastián Piñera, de centro-derecha, asumió el poder hasta 2014, cuando Michelle Bachelet asumió el poder por segunda vez. En 2018, Piñera fue reelegido para un segundo mandato.
Chile ha tenido varios presidentes desde el fin de la dictadura, pero ninguno de ellos ha revocado la Carta Magna aprobada en 1980, durante la dictadura de Pinochet. Es cierto que ha sido modificada varias veces (257 artículos han sido modificados en total según Gob.cl), pero nunca ha sido invalidada. Sin embargo, cuando Michelle Bachelet comenzó su segundo mandato en 2014, habló de la necesidad de crear una nueva Constitución. Puso en marcha un "proceso constituyente". Consistió en campañas de educación cívica y constitucional, seguidas de diálogos ciudadanos, y terminando con la entrega de bases ciudadanas para la nueva Constitución. Pocos días antes de terminar su mandato en 2018, envió un proyecto de nueva Constitución al Congreso Nacional (órgano legislativo). No obstante, el gobierno de Sebastián Piñera, que le sucedió, se negó a dar curso al proyecto.
La Carta Magna de 1980 no incluye disposiciones relativas a la sanidad, la educación y la seguridad social, ya que estos servicios habían sido privatizados (al igual que la electricidad y el agua potable) durante la dictadura. Así, las desigualdades entre ricos y pobres eran y siguen siendo muy profundas: los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres.
Hacia una nueva Constitución
Esto llevó a los ciudadanos chilenos a manifestarse en contra de estas desigualdades y a proclamar los derechos humanos en el llamado "estallido social" que tuvo lugar entre octubre de 2019 y marzo de 2020. El factor detonante fue el aumento del precio del billete de metro en Santiago. Importantes disturbios y enfrentamientos con los carabineros se propagaron a las principales ciudades del país. Una violenta represión se ejerció, así como numerosos encarcelamientos en virtud de una "Ley de Seguridad del Estado". Finalmente, un acuerdo entre el gobierno de Piñera y el Congreso, firmado por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, fijó la convocatoria a un plebiscito nacional, que tuvo lugar en octubre de 2020. Se preguntaba al pueblo chileno si quería una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactarla. A la primera pregunta el 78.28% de los chilenos votaron en favor de “Apruebo”, y el 79% votó a favor de una Convención Constitucional para redactarla, es decir una asamblea de 155 ciudadanos elegidos directamente por el pueblo. Los 15 y 16 de mayo de 2021, fue elegida la primera asamblea constituyente en el mundo en tener paridad de género, con 78 hombres y 77 mujeres, de 22 a 82 años de edad. 17 puestos están reservados para los pueblos originarios, y 8 miembros son abiertamente LGBT. Según Franck Gaudichaud (1), profesor de historia y civilización de las Américas latinas contemporáneas, este proceso constituyente tiene tanta importancia como el resultado de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre pasado que dieron la victoria al candidato de izquierdas Gabriel Boric con 55,8% de los votos frente al candidato de extrema-derecha José Antonio Kast: “Es el aspecto más positivo y avanzado, en realidad. Más que el gobierno de Boric, quién está más limitado en sus posibilidades transformadoras, la Convención Constitucional puede avanzar mucho más profundo; por su composición, por la presencia de muchos independientes, de movimientos feministas, sociales. En general se dice que está formada de ciudadanos, aunque muchos de ellos vengan de partidos, entonces podemos ver los diferentes colores políticos de la Convención. Hay una presencia fuerte de la coalición “Apruebo Dignidad” (ndr. de Boric) cuando los “viejos” partidos tradicionales no controlan ni la mitad de la Convención. De esta manera, entre los independientes, los movimientos sociales constituyentes y la coalición de izquierda, tienen un bloque posible para hacer reformas potencialmente progresistas y democratizadoras.(...) Lograron conformar las comisiones y comenzaron a hacer propuestas bastante interesantes: Estado Plurinacional, autodeterminación del pueblo Mapuche, soberanía sobre los recursos naturales.(...) Si se vota en el pleno, la posibilidad de pasar de un régimen bicameral -con la cámara ‘baja’ de diputados (elegidos directamente por los ciudadanos) y una cámara ‘alta’ de senadores-a un régimen unicameral y menos presidencialista sería un paso notable. Entonces hay que ver de cerca el proceso en curso, con sus múltiples tensiones, lo bueno es que Boric prometió respetar y proteger esta Convención, cuando Kast -su adversario de extrema derecha que perdió en el 2ndo turno- iba a hacer todo para frenar o destruirla. Podemos destacar también la existencia de “iniciativas populares constituyentes”, que permiten, si uno logra juntar 15000 firmas, que las propuestas ciudadanas sean examinadas por el pleno de la Convención. Por lo cual surgieron un montón de grupos y movimientos sociales que se organizaron para presentar propuestas constituyentes. Es, por ejemplo, el caso en torno a la nacionalización del cobre y del litio o en torno al tema de la democracia participativa -cómo organizar la participación real de los ciudadanos en la vida política-, con la propuesta de introducir la posibilidad de referéndum revocatorio en la Constitución (esto es revocar a una persona electa si hay una iniciativa ciudadana en esta dirección en la mitad del mandato). También algunos proponen la legalización de ,los referéndums de iniciativa popular: si uno tiene cierta cantidad de firmas, puede transformarse en ley la propuesta ciudadana."
¿Un gobierno de transformación o de continuidad?
“En cuanto la ecología y crisis medioambiental, sigue Franck Gaudichaud, del que también tendrá que tratar la Convención Constituyente, considero que es un punto débil del futuro Gobierno: el nuevo presidente Boric habla mucho del “modelo verde”, pero el modelo exportador chileno es ultra-extractivista, dependiente de la extracción minera, de la industria del salmón, de la agroindustria y de la extracción de madera y forestal en el Sur. Y cambiar eso, no se va hacer en cuatro años ni en diez, y necesitaría de un cambio radical de la matriz productiva, por lo cual significaría atacar los intereses de los empresarios más poderosos del país y fondos financieros extranjeros. Son estos actores económicos quienes controlan la actividad minera, el salmón y la madera, etc. Gabriel Boric no está en esta perspectiva, defiende una estrategia más bien socialdemócrata moderada y su coalición sigue siendo minoritaria en el Parlamento, entonces el giro hacia un “modelo verde” corre el riesgo de ser muy limitado. De hecho, con el tema de las reivindicaciones históricas del Pueblo-Nación Mapuche, la cuestión social (educación, salud, jubilación) y la crisis medioambiental nacional serán los grandes temas del gobierno que viene, y en el cual veremos si se trata de un ejecutivo progresista orientado hacia la transformación o la continuidad. En este aspecto podemos tener algunas dudas legítimas sobre la profundidad de los cambios, pues cambiar eso representa atacarse al meollo del modelo neoliberal chileno y a los intereses más poderosos del país. El nivel de movilización y organización de la sociedad civil será una clave determinante de estas nuevas relaciones de fuerzas sociopolíticas”
Un gobierno joven y muy feminizado
Gabriel Boric fue uno de los líderes de las protestas estudiantiles de 2011 que paralizaron el país durante diez meses. Oriundo de Punta Arenas, en la zona sur de Chile, fue elegido diputado por la región de Magallanes en 2014 y reelegido en 2018. Con 36 años, será el gobernante en ejercicio más joven del mundo, así como el primer presidente nacido después del golpe de Estado de 1973. En su gobierno, Camila Vallejo asumirá el cargo de ministra Secretaria General de Gobierno. Esta geógrafa comunista de 33 años, diputada por la Región Metropolitana de Santiago, es una figura política muy atractiva según F. Gaudichaud: “Muestra la cara de un comunismo totalmente modernizado e incluso gente muy ajena al P.C. adoran a Camila Vallejo. Ella fue un personaje clave en el acercamiento de su partido al Frente Amplio.” La nueva ministra de Interior, por primera vez en la historia de la república, será una mujer: ex-Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, 35 años, se transformó en una figura de la oposición hacia Piñera, denunciando la mala gestión de la pandemia de Covid-19. Ella fue un elemento clave en la victoria electoral de Boric: encargada de campaña entre la primera y la segunda vuelta, esta oriunda de Arica, ciudad del Norte de Chile, entendió la necesidad de recorrer las regiones para rescatar voces. La participación en la segunda vuelta aumentó entonces de manera importante en regiones pobres donde la abstención era muy alta. Otro símbolo de este gobierno es Maya Fernández Allende como ministra de Defensa Nacional. La nieta del ex-presidente tendrá a su mando las fuerzas armadas que en otros tiempos derrocaron a Salvador Allende. Pero ahí se para la comparación con su ilustre abuelo, ya que es conocida desde hace muchos años como diputada socialista muy moderada. Con 14 mujeres y 10 hombres, 4 siendo independientes políticamente y los demás procedentes de 9 partidos políticos que van de centroizquierda a izquierdas, este gobierno deberá enfrentarse con las dificultades que supone el ejercicio del poder.
(1) Franck Gaudichaud : Co-presidente de FAL, France Amérique Latine. Autor de “Tout commence au Chili”, Le Monde Diplomatique, janvier 2022
Entrevista realizada por Órbita Hispánica el 04/02/2022 en su despacho del laboratorio FRAMESPA, universidad de Toulouse-Jean Jaurès
Escrito por Alisson Castellanos y Jose Antonio Tomé
Agradecimientos a Franck Gaudichaud
Para ir mas allá:
https://www.youtube.com/watch?v=9JMJHhbIVnQ (entrevista a G. Boric por Pablo Iglesias el 02/02)
https://mondiplo.com/en-chile-empieza-todo (artículo de Franck Gaudichaud en español)
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