Ubicado en Centroamérica, Nicaragua se llama oficialmente República de Nicaragua y tiene como capital Managua, la ciudad donde nació la revolución sandinista. Su plaza principal, en la que se erige su catedral, se llama Plaza de la Revolución y la capital también alberga el sepulcro de Carlos Fonseca, jefe del bando sandinista. Este país limita al norte con Honduras y al sur con Costa Rica. Es uno de los países menos poblados de América Latina, con solo 6,8 millones de personas. Desde 2018, es un país en conflicto; empezaron a manifestarse los ciudadanos en contra de un gobierno demasiado dictatorial, para reivindicar sus derechos humanos.
La población nicaragüense contra la reforma de 2018
El 18 de abril de 2018, los estudiantes de la Universidad Centroamericana de Managua pusieron en marcha la huelga que todavía sigue activa en la capital nicaragüense. Ese mismo día se había hecho pública la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social que tenía como objetivo cambiar el sistema de pensiones. La reforma pretendía reducir la deuda del sistema de Seguridad Social aumentando la contribución de los empleados y bajando del 5% las pensiones de los jubilados. Los estudiantes activistas se vieron reprimidos por seguidores del presidente Daniel Ortega, la policía y fuerzas militares, y al final del día se registraron tres muertes, de las cuales dos eran estudiantes.
Cerca de Managua, en León, grupos feministas y estudiantes también tuvieron que enfrentarse a activistas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que se posicionaron a favor de la reforma. Así se fueron extendiendo poco a poco las huelgas región tras región, día tras día, volviéndose cada día más violentas. Cabe destacar que las protestas ya habían empezado unos diez días antes, cuando el gobierno tardó en reaccionar frente a los incendios forestales masivos de la reserva Indio Maíz, la segunda reserva natural del país.
Al día siguiente, es decir el 19 de abril, la vicepresidenta y esposa del presidente, Rosario Murillo, definió estas huelgas como motines que intentaban romper la armonía y la paz del país. Esta declaración solo contribuyó a echarle leña al fuego, y el 21 de abril, ya se declararon veinte muertos. Un día después, el presidente Daniel Ortega canceló su reforma; pero no sería suficiente la confianza de los ciudadanos, y los activistas siguieron pidiendo su dimisión.
Daniel Ortega: ¿un hombre revolucionario?
Por quinta vez presidente de Nicaragua, Daniel Ortega se vio acusado de haber detenido a 39 de los líderes opositores, de los cuales 7 eran candidatos a la presidencia. Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, vicepresidenta, ocuparon su primer cargo en 1985, volvieron al poder en 2007 y desde entonces nunca lo dejaron. Daniel Ortega fue presidente durante más de dos mandatos, superando el límite legal y cambiando la misma Constitución, exigiendo que se anulase la cláusula de los dos mandatos por presidente con el motivo de que ‘violaría sus derechos humanos’.
Antes de proponer su candidatura en los años ochenta, la personalidad y el pasado revolucionario de Daniel Ortega ya eran famosos. Tras unirse en su juventud al FSLN, pasó siete años en la cárcel por haber defendido sus ideas de extrema izquierda, y luego volvió a seguir a los revolucionarios sandinistas en la lucha armada para derrocar al dictador, con éxito.
Pero actualmente, en tiempos de protestas masivas, la imagen del presidente ha cambiado radicalmente, y dista mucho de la de un hombre revolucionario que luchó por los derechos humanos y por causas justas. Sus compañeros del FSLN critican sus acuerdos con empresarios, con partidos conservadores y con la Iglesia católica. Daniel Ortega impuso una dictadura institucional, un régimen Estado-Partido-Familia en el cual concentra todos los poderes del Estado. Además hoy, sus 77 años de edad amenazan al país con la instauración de una dinastía autoritaria, ya que quiere que su mujer y su familia sigan gobernando cuando muera.
Frente a las huelgas, su gobierno impuso su fuerza militar para impedir el activismo nicaragüense y su defensa de los derechos humanos. Según Amnesty International, desde hace más de tres años, las autoridades del país están pisoteando la dignidad de millones de ciudadanos. A finales de 2020, más de 100 personas seguían encarceladas por haber intentado salvar sus derechos. Gonzalo Carrión, defensor de los derechos humanos, declaró que tuvo que huir del país, porque solo podía elegir entre ‘la cárcel, el cementerio, o el exilio’.
El periódico Le Monde había definido ya en 2016 el ‘deseo patológico de poder’ en el que cayó un hombre que tanto luchó por sus derechos y los de su país.
A día de hoy, no es raro ver cómo la gente tiene cada vez más miedo al hablar del gobierno de Ortega, por temor a ser denunciados como traidores. Asimismo, tienen miedo a que, si hablan sobre él, séan condenados a prisión. En junio de 2021, tomó como excusa una vaga ley de seguridad nacional para encarcelar a periodistas y a activistas de los derechos humanos. La Red Internacional de Derechos Humanos denuncia unas 90 detenciones por condenas arbitrarias. Los presos políticos encerrados por el gobierno de Daniel Ortega sufrieron, según la organización no-gubernamental, ‘múltiples violaciones de los derechos humanos’ durante la pandemia del Covid-19. Cuando se declararon los primeros casos de la enfermedad en Nicaragua en marzo de 2020, el gobierno no reaccionó para imponer medidas de seguridad, y aún menos en las cárceles, donde justo había condenado masivamente a presos políticos el 13 de marzo. Testigos, familiares y presos cuentan que los encarcelados ‘ha[n] presentado síntomas de Covid-19 e incluso se han reportados muertes’ (Red Internacional de Derechos Humanos; Llamado urgente: violaciones de DDHH de privados de libertad en condición de presidio político Nicaragua previo y frente a la amenaza del Covid-19, publicado el 31/08/2020).
Cabe enfocar el problema en dos elementos. Primero, las condenas son arbitrarias y las personas son juzgadas por jueces que pertenecen al gobierno en turno. Más de ochocientas personas fueron condenadas a prisión. Los motivos de las condenas,a menudo falaces, son múltiples: delitos comunes, narcotráfico, tenencia ilegal de armas… Pero la razón real no es nada más que el querer la dimisión de un presidente autoritario e inhumano. Los activistas se ven denunciados por la misma policía o por los de la FSLN.
El segundo punto que cabe mencionar son los graves maltratos. Los presos sufren de una posición de vulnerabilidad; el gobierno abusa del poder de mantenerles encarcelados. Mientras la Policía Nacional (PN) ejecuta órdenes tales como detener ilegalmente a ciudadanos, mercenarios son contratados para torturar a los presos. El gobierno fomenta ‘el uso excesivo de la fuerza incluidos la violencia, tortura o tratos degradantes, crueles o inhumanos; allanamientos ilegales; confesiones coaccionadas y juicios a puertas cerradas.’ (RIDH, 2020). La postura de negación de la pandemia por parte del gobierno representa su posicionamiento en todas las esferas a nivel nacional. Las precarias condiciones de salud que proponen las cárceles del territorio nicaragüense: falta de atención de los médicos, de acceso a medicamentos y al agua potable… más la negación del primer caso oficial de Covid-19 del señor Uriel Pérez en el Sistema Penitenciario La Modelo, una de la cárceles más grandes y más antiguas del país, indignaron a la población. Ya se sabía que en los centros penitenciarios había personas de la tercera edad con problemas de salud, que, al no recibir tratamientos iban a morir allí; morir por su libertad.
Fuera de la cárcel, las fuerzas del Gobierno acechan a los ciudadanos, controlando las salidas, las visitas, etc. Los habitantes de Nicaragua no ven a Daniel Ortega como un presidente, sino como a un dictador que ha desatado una campaña de terror político. Según fuentes del gobierno costarricense, el régimen de Daniel Ortega, podría estar amenazando y acechando a nicaragüenses exiliados en Costa Rica, los cuales habrían sufrido de violencia física. Hay testimonios de mujeres que dicen que han sido amenazadas a punta de pistola en medio de las calles, y aseguran que son gente perteneciente al régimen de Ortega. Ya son más de 100 mil nicaragüenses los que se han visto obligados a huir y buscar asilo por los problemas que empezaron en 2018, además de las persecuciones y violaciones a los derechos humanos. Cerca de 77 000 personas, la mayoría de las personas exiliadas, huyeron a Costa Rica, pero otros también se exiliaron a algunos países de Europa y a Panamá.
Nicaragua y las perspectivas del futuro
La situación, que ha empeorado por las elecciones y el intento por parte de Ortega de reprimir las candidaturas opuestas a él, sólo tiene una respuesta: la dimisión de Ortega, y el final de su régimen abusivo. En una democracia, se escuchan las necesidades y los derechos de los ciudadanos, y en Nicaragua está claro que existe una represión violenta y violaciones a los derechos humanos más básicos. Con el objetivo de poner un punto final al control todopoderoso del gobierno de Ortega, organizaciones que luchan por los derechos humanos, como las Naciones Unidas, están poniendo en marcha acciones. En 2021, la ONU y 59 países firmaron una declaración que pide nuevas elecciones, porque el resultado de las elecciones del 7 de noviembre fue que el 75% de los votos se dirigieron hacia Daniel Ortega. Obviamente, Ortega controló los votos. La ONU, a pesar de sus acciones para liberar a los presos y proponer otra vez una real democracia, todavía no ha conseguido derrocar al dictador nicaragüense.
Escrito por Clara De Jesus y Nerea Iglesias Sanz
Fuentes:
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